El jardín de Paris... ha estado de poda y renovó los especímenes. Pasen y vean!


lunes, 24 de marzo de 2008

Reflexiones sobre pertenencia y soberanía nacionales

En los últimos días hubo un protagonismo mediático de tipo novelesco de parte de los presidentes latinoamericanos reunidos en República Dominicana. La discusión entre Correa y Uribe, la incidencia del accionar de las FARC en la región y la presencia de Chávez en todas las escenas son la manifestación más ‘simbólica’ de un proceso de interdependencia de las soberanías nacionales.
Los tiempos modernos tienen como peculiaridad la exigencia de debate en torno al poder del Estado y los límites de su incumbencia respecto a territorios y ciudadanía. La OEA, Organización de Estados Latinoamericanos, o la ONU, Organización de las Naciones Unidas, son instancias de representación y gobierno cruciales en el funcionamiento del mundo, pero impensables hace unos siglos, y quizás invasivas al momento de su creación.


En otras épocas de la historia humana sería difícil pensar en organismos internacionales que tomaran decisiones y que impusieran su voluntad sobre las soberanías nacionales. Pero hoy es materia obligatoria la pertenencia a estas instancias, y ningún presidente se puede eludir a incluir en su agenda las actividades de diplomacia, negociación y debate fuera de su país.

Actualmente existen sanciones internacionales al comportamiento bélico o antipacifista de los países, y los estados están bajo la mirada, las exigencias, las inspecciones y los consejos de entidades que patrullan los niveles de corrupción. Algo aún más evidente ocurre con los organismos financieros de la talla del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que directamente acercan a los gobiernos nacionales sus programas económicos. El debate en torno a eso debe ser: ¿solidaridad internacional altruista o intromisión interesada? Dudo que la primera alternativa sea la acertada.

La globalización, el acceso a la sociedad mundial a través de los medios de comunicación y la Internet, contribuyen a repensar los vínculos de pertenencia a los grupos sociales nacionales y regionales. Establecido el Estado moderno como forma de organización de las sociedades y garantía de gobernabilidad territorial, sigue después todo un proceso de discusión filosófica acerca de cuánta ‘intromisión’ e ‘invasión’ (dichos en el sentido más amplio) estamos dispuestos a aceptar los seres humanos. Hemos naturalizado la pertenencia a una Nación y la aceptación de sus símbolos (idioma, cultura, moral, territorio, formas de subsistencia y de repartir roles socioeconómicos), pero olvidamos que todos somos, ante todo, ciudadanos del mundo.

La afirmación de ideologías nacionales ha sido la más fuerte causa de las enemistades y guerras entre países. Véanse por ejemplo los reproches del presidente Correa a su par Uribe por la entrada de aviones colombianos a Ecuador. Véase el ejemplo aún más irracional de la guerra de Malvinas, que costó muchas vidas en razón del capricho de posesión de un archipiélago (independientemente de la importancia que ese archipiélago tenga para un país o para otro).


Más aún, la afirmación de ideologías nacionales ha quitado a los ciudadanos el derecho a disponer de la libertad de movilidad, y hay que fijarse el caso de Cuba, que llega a comportarse como cárcel de su población y hasta la mantiene separada o aislada respecto de los turistas extranjeros que llegan a la isla. Y otra consecuencia es el trato diferenciado y marginal hacia inmigrantes en numerosas naciones, que los privan de derechos y los califican de ciudadanos de segunda selección.

En “Los derechos de los otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos”, la politóloga Seyla Benhabib se explaya en analizar estas cuestiones. Siguen algunos fragmentos:
“Las fronteras políticas definen a algunos como miembros, a otros como extranjeros. La condición de miembro, a su vez, es significativa sólo cuando se ve acompañada de rituales de ingreso, acceso, pertenencia y privilegio. El sistema moderno de estados nacionales ha regulado la pertenencia en términos de una categoría principal: la ciudadanía nacional. Hemos entrado en una era en la que la soberanía del Estado se ha visto raída, y la institución de la ciudadanía nacional ha sido desagregada o desempaquetada en diversos elementos. Han emergido nuevas modalidades de membresía, con el resultado de que las fronteras de la comunidad política, tal como las define el sistema de estados nacionales, ya no son adecuadas para regular la condición de miembro.

“La membresía política rara vez ha sido considerada un aspecto importante de la justicia nacional o internacional. Junto con la ‘invisibilidad’ de las fronteras del Estado, también han sido invisibles las prácticas e instituciones que regulan la admisión y la pérdida de la condición de membresía política y no han estado sujetas al estudio y el análisis teórico.

“La extranjería permanente no es sólo incompatible con una compresión liberal-democrática de la comunidad humana; también es una violación de derechos humanos fundamentales. El derecho a la membresía política debe acomodarse con prácticas que sean no discriminatorias en su alcance, transparentes en su formulación y ejecución y justiciables cuando sean violadas por estados y otros órganos de tipo estatal. Debe cuestionarse la doctrina de soberanía estatal, que hasta ahora ha impedido la investigación de decisiones de naturalización, aceptación como ciudadano y desnacionalización por las cortes internacionales y constitucionales.

“La globalización coloca las funciones administrativo-materiales del Estado en contextos crecientemente volátiles que exceden en mucha la capacidad de cualquier Estado individual de influir en decisiones y resultados. El Estado-nación es demasiado pequeño para gestionar los problemas económicos, ecológicos, inmunológicos e informativos creados por el nuevo medio, y al mismo tiempo es demasiado grande para dar lugar a las aspiraciones de movimientos sociales y regionalistas motivados por cuestiones de identidad. Bajo estas condiciones, la territorialidad se ha vuelto una delimitación anacrónica de funciones materiales e identidades culturales; sin embargo, aun ante el colapso de conceptos tradicionales de soberanía, se ejerce el monopolio sobre el territorio a través de políticas inmigratorias y de ciudadanía.

“Dado que la teoría discursiva articula una postura moral universalista, no puede limitar el alcance de la conversación moral sólo a quienes residen dentro de fronteras reconocidas nacionalmente; debe ver la conversación moral como extendiéndose potencialmente a toda la humanidad. (…) Somos todos participantes potenciales en tales conversaciones de justificación. Las estipulaciones de la ética discursiva, por tanto, no pueden extenderse al dominio de la membresía política sin la ayuda de una mayor elaboración normativa, ni es necesario hacerlo. Un abordaje discursivo debe poner limitaciones significativas a lo que puede contar como prácticas moralmente permisibles de inclusión y exclusión dentro de entes políticos soberanos.

“Desde un punto de vista universalista y cosmopolita, los límites, incluyendo los límites y fronteras estatales, requieren una justificación. Las prácticas de inclusión y exclusión siempre están sujetas a cuestionamiento desde el punto de vista de la conversación moral infinitamente abierta.

“Las cuestiones de membresía nos confrontan continuamente con tales desafíos de mediación: si no diferenciamos entre lo moral y lo ético, no podemos criticar las prácticas excluyentes de ciudadanía y membresía de comunidades culturales, religiosas y étnicas específicas. Y si no diferenciamos entre moralidad y legalidad, no podemos criticar las normas legalmente promulgadas de mayorías democráticas aunque se nieguen a admitir refugiados entre ellos, rechacen a quienes buscan asilo en la entrada y cierren sus fronteras a inmigrantes. Finalmente, si no diferenciamos entre moralidad y funcionalidad, no podemos cuestionar las prácticas de inmigración, naturalización y control de fronteras por su violación de creencias morales, constitucionales y éticas que valoramos.”